martes, 21 de julio de 2015
SITUACION DE LA PROSTITUCION Y EL TRAFICO DE MUJERES Y NIÑAS EN VENEZUELA
También en Venezuela la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años. Como vimos anteriormente, en el ámbito internacional se considera que atentan contra los derechos humanos más fundamentales, derechos que deben ser protegidos por los gobiernos de todos los países que hayan firmado y ratificado la Convención contra la delincuencia organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los dos protocolos del mismo año: el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
La atención del gobierno venezolano ha sido enfocada principalmente a la lucha contra la trata de personas, como respuesta a las presiones a nivel internacional que se concretan en las iniciativas de organizaciones tales como la Organizaciones Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF, entre otras. Estas organizaciones promueven la colaboración y el intercambio de experiencias entre los diferentes países para cumplir con los compromisos asumidos a través de los convenios internacionales firmados y ratificados. Además, desde el año 2000, el Departamento de Estado de los EE.UU. ha publicado anualmente un informe calificando a casi todos los países del mundo en función de los esfuerzos que realizan para eliminar la trata de personas-
Venezuela ha participado en numerosas conferencias y reuniones presentando informes detallados de sus actividades. Estos informes oficiales, constituyen la base de la información a la cual se puede acceder a través de las páginas WEB de esas organizaciones; a nivel nacional sólo se puede complementar la información con algunos artículos de prensa, ya que los organismos públicos nacionales no permiten el acceso directo a la información que ellos producen.
Tráfico de personas en Venezuela
A partir de los primeros años de la presente década, ha surgido en Latinoamérica una gran preocupación por el incremento del tráfico de personas, especialmente mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Venezuela era considerada únicamente un país de tránsito: mujeres colombianas, dominicanas, bolivianas y ecuatorianas llegaban y eran transferidas a un país destino. Las autoridades consideraban que el problema no era grave y los organismos internacionales clasificaban a Venezuela como un país de origen y destino de nivel intermedio en Latinoamérica. Por su parte, el Estado Venezolano empezó a reconocer la existencia del tráfico de personas pero considerando el país como un punto de tránsito solamente, no de origen ni de destino, por lo tanto, la trata de mujeres, niñas y niños siguió siendo considerada un problema de poca gravedad.
Sin embargo, la situación evolucionó y en el año 2004 el Informe Anual sobre Tráfico de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ubicó a Venezuela en el renglón 3, correspondiente a los países que no cumplen con los estándares mínimos para la eliminación de las formas severas de la trata, según lo establecido en el Acta de Protección a las Víctimas de la Trata (TVPA), ni hacen esfuerzos significativos para alcanzarlos.
En el Informe del año 2008, la posición de Venezuela mejoró, ya que fue clasificada en el renglón 2, pero con la condición de estar bajo observación por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico ilícito de personas,y por no proporcionar suficientes evidencias de proteger las víctimas de dicho tráfico. La pequeña mejoría se debió, entre otras razones, a la aprobación de la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que llenó un vacío legislativo, ya que la anterior legislación no contemplaba medidas de castigos suficientemente severas para este tipo de crimen.
En el Informe del año 2009 (correspondiente al periodo abril 2008 - marzo 2009), una vez más Venezuela fue ubicada en el renglón 2 bajo observación, porque a pesar de haber realizado esfuerzo en la lucha contra el tráfico de personas, no se produjeron resultados tangibles, específicamente porque no se verificaron procesamientos, ni condenas ni sentencias de personas responsables del tráfico ni se fortalecieron significativamente los programas de protección a las víctimas; tampoco se emprendieron acciones para desalentar la demanda del comercio sexual.
Explotación sexual comercial infantil ESCI
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, por ser ilícita, es una realidad oculta, y que además no se quiere ver. Aun cuando puede ser fácilmente detectada por la noche en los bares, hoteles, burdeles y bulevares, sigue siendo invisible en las políticas y programas. Por largo tiempo ha sido un tema ignorado también por los medios. Tampoco existen cifras confiables que permitan visualizar la gravedad del problema. Según el Informe de la Agencia PANA (enero-diciembre de 2004), La Niñez y Adolescencia en los Medios – Venezuela, el problema más grave es la falta de actualización, y en muchos casos hasta la inexistencia de datos estadísticos que permitan la evaluación y el registro de los logros alcanzados o dificultades encontradas en la implementación de políticas y planes para el abordaje de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Faltan los parámetros que permitan hacer comparaciones y evaluaciones del impacto de los diferentes programas y políticas públicas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando se realizó este estudio, el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no aparecía ni como noticia en los periódicos. Eso contribuía a que esta práctica clandestina cobrara cada día mayor fuerza, por su invisibilidad.
En los últimos tres años se puede rastrear una mayor cantidad de noticias en la prensa nacional. Así se conoce que de tiempo en tiempo se ejecutan allanamientos de centros de explotación sexual infantil, generalmente en las grandes ciudades tales como Caracas y Maracaibo, pero también en centro urbanos menores como Coro, entre otros. En el 2008 el representante de Desarrollo Social de la Alcaldía de Baruta (Edo Miranda) consiguió 6 niñas en actividades de explotación sexual. En Delta Amacuro la Defensoría del Pueblo declaró que en el sector Hoja de Lata, donde se encontró recientemente una veta de oro, ha habido un desplazamiento de mineros y hay muchachas menores de edad que están siendo utilizadas con fines sexuales.
En algunos casos se sospecha que los padres están en conocimiento de estas actividades. Para el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Lückert, hay un auge en la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y en la mayoría de los casos con la benevolencia de sus madres y padres. En Maracaibo se encontró el caso de un adolescente de 14 años víctima de explotación sexual comercial inducida por la propia madre. En Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui) entre las 30 trabajadoras sexuales que laboran diariamente en el casco central de la ciudad, se encuentran varias menores, víctimas de la explotación sexual comercial, a veces impulsada por la propia madre.
Sin embargo, sólo en algunos casos se habla de redes; en el caso de Coro la prensa habló de redes y en Caracas detuvieron a un peruano que se dedicaba al tráfico de adolescentes hacia Europa para que sirvieran de damas de compañía. En San Francisco (Edo. Zulia) se investigó una red de explotación sexual infantil en un centro recreacional-
Con relación a la incidencia de la prostitución en zonas fronterizas, se han producido denuncias de tráfico de niños y niñas en el Táchira (frontera con Colombia). No hay cifras oficiales, sin embargo un vocero de la Iglesia Católica dice que se trata de situaciones muy graves, desde extracción de órganos para venderlos, hasta explotación sexual comercial infantil y juvenil. Los niños y niñas secuestrados, que pertenecen a familias con escasos recursos, son llevados a Colombia y vendidos. Este problema subsiste a pesar de que, desde el 2004, se está implementando un Plan de Acción Binacional de Protección Integral a la Infancia y Familia en la frontera colombo-venezolana (2004), a cargo del Consejo Nacional de Derechos del Niño y el Adolescente (CNDNA).
La policía brasileña ha descubierto una red dedicada a la prostitución de menores que operaba en la frontera con Venezuela y, al parecer, tenía entre sus clientes a varios militares del Ejército venezolano, que no ponían obstáculos para la salida de combustibles hacia Brasil a cambio de los servicios sexuales de las menores de edad
Algunas autoridades ejercen una acción más continua para buscar una solución pero son casos aislados como el de un Prefecto de Caracas que intentaba perseguir a los explotadores sexuales de adolescentes. Iniciaron un operativo para detectar lo sitios donde se está ejerciendo la explotación sexual comercial infantil, en vista de las denuncias recibidas, y ya han visitado 40 establecimientos comerciales. Cuando las diferentes instancias logran colaborar, los resultados son más contundentes y se llega a perseguir los responsables. Para ello, ese prefecto hizo un dramático llamado al comandante de la Policía Metropolitana, para que colabore con su despacho con el fin de combatir la explotación sexual comercial infantil, situación que calificó de muy grave porque hay adolescentes, entre los 13 y 17 años de edad, expuestas en diferentes centros nocturnos de la ciudad.
Un representante del Consejo Municipal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, explica que en Chacao (uno de los municipios de Caracas) cerca de 130 menores de edad son explotadas sexualmente. Afortunadamente, éste es el único municipio del país con un programa permanente para la educación en la calle. Junto con la ONG AMBAR, el municipio financia desde hace 3 años un programa para la asistencia psicológica a estos adolescentes, para su reinserción escolar y capacitación.
Explotación de menores en el turismo sexual
El turismo sexual en Venezuela, como factor de estímulo a la prostitución de jóvenes menores de edad, ha despertado en los últimos cuatro años una gran preocupación. Ya en el 2004 Venezuela figuraba como destino de turismo sexual y como parte de la “franja centroamericana” hacia la cual se había trasladado el turismo sexual desde países asiáticos. En el XII Congreso Venezolano de Sexología (Argentina, 2008), se señaló que México, Brasil y Venezuela encabezan la lista de los países más vulnerables ante este delito. Así mismo se advirtió sobre la gravedad del problema de la explotación sexual de menores como atractivo turístico en el Estado Nueva Esparta. Como ejemplo se puede mencionar que, por una denuncia recibida a través del Reino Unido, el Gobierno tuvo que tomar medidas y clausurar un hotel en Margarita que era destino de turismo sexual. La ONG Fundación Oxígeno, que se ocupa de desarrollar programas de prevención contra el maltrato y el abuso de menores, está realizando una investigación sobre el problema del turismo sexual en Margarita con el apoyo de ECPAT (End Children Prostitution and Tourism). Todavía no se conocen los resultados.
Violencia, maltrato y abuso de menores
Muchos de los estudios realizados en el área de la explotación sexual con fines comerciales sugieren que la violencia, el maltrato y el abuso de menores son condiciones que favorecen la prostitución en los niños y adolescentes. En Venezuela, los niños también son víctimas de la violencia imperante en el país. Un estudio realizado en el 2004 señala que se registraron 9,652 niños, niñas y adolescentes agraviados en hechos violentos, de los cuales 22,38% fueron asesinados o desaparecidos, otros 19,41% fueron víctimas de abuso sexual, 12,38% fueron víctimas de actos lascivos o sufrieron algún tipo de acoso sexual. Del total de homicidios registrados en el territorio venezolano en el mismo año, el 11.4% de las víctimas fueron niños y adolescentes (78% de ellos, varones). De ellos, el 93.79% son mayores de 10 años y el 23%, menores de 17. El Informe de CECODAP del año 2008, sistematiza las denuncias de violencia contra niños y adolescentes reseñadas por la prensa nacional. Se identifican cinco tipos de violencia: social, familiar, estructural, educativa y sexual. De los 494 casos registrados por la prensa, 53,84% corresponden a violencia social, 21,05% a violencia familiar, 5,87% a violencia estructural, 2,42% a violencia educativa y 16,80% a violencia sexual. La violencia sexual afecta más a las niñas y adolescentes de sexo femenino, mientras que la violencia social golpea más a los menores de sexo masculino.
Avances en el marco legislativo
La Ley contra la Delincuencia Organizada, promulgada en el 2005, contempla en su Art. 16 la prohibición del tráfico a través de fronteras internacionales con fines de explotación laboral o sexual, y prescribe penas que van de 10 a 18 años de prisión. Con esta ley se da inicio a la planificación de actividades para la lucha contra la trata.
La Ley Orgánica para el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia fue aprobada en fecha 25 de noviembre de 2006, y recibió el ejecútese el 19 de marzo de 2007. El Art. 56 prohíbe el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, prostitución, trabajo forzado o esclavitud y prescribe una condena de 15 a 20 años. Los artículos 46 y 47 prohíben la prostitución forzada y la esclavitud sexual y llevan una condena de 15 a 20 años de cárcel, lo que representa un avance en relación con la legislación anterior que contemplaba penas menos severas.
En enero de 2006 la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, aprobó la creación de un proyecto de Ley Especial contra el Tráfico de Niños y el Trato como Objeto Sexual de los Adultos. Se inició el proceso de su elaboración. El año siguiente, se creó la Comisión Presidencial para la Educación, Prevención y Eliminación de todas las Formas de Abuso, Explotación Sexual y Comercial de los Niños, Niñas y Adolescentes. No se tiene información sobre las actividades realizadas por esta Comisión.
Una “Propuesta de Ordenanza para la regulación del trabajo sexual en el Distrito Metropolitano de Caracas” fue elaborada por la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, con la participación del grupo de AMBAR, para su presentación al Consejo Legislativo de la Alcaldía Metropolitana. Las sesiones de trabajo se realizaron en los años 2004-2005. En cuanto a su contenido la Ordenanza busca establecer unas normas que permitan lograr el respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en las áreas de la salud, del control sanitario y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual; al mismo tiempo se busca establecer unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad del ambiente en el cual se desarrolla su trabajo.
Se esperaba su aprobación y puesta en ejecución para el segundo semestre del año 2008, pero, por el cambio de autoridades derivado del proceso electoral, hubo la necesidad de realizar algunos ajustes y presentar la Ordenanza para una nueva discusión al cuerpo legislativo local de reciente elección. Sin embargo, intervinieron las fuerzas políticas con el objetivo de realizar cambios profundos en las estructuras institucionales locales de tal forma que la discusión de la Ordenanza fue nuevamente pospuesta (abril 2009).
La reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (2007) incorporó el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo y convirtió a Venezuela en el segundo país de América Latina, después de Uruguay, en contar con una medida legislativa como esa.
Formulación de planes
En el año 2006, en alianza con UNICEF, se elaboró el Plan de Acción de la República Bolivariana de Venezuela para Prevenir, Reprimir y Sancionar el delito de Trata de Personas y Asistir Integralmente a las Víctimas. El objetivo del Plan era desarrollar acciones coordinadas entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación internacional para prevenir, reprimir, sancionar y asistir integralmente a las víctimas de Trata de Personas, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las ONG participantes fueron: CECODAP; AVESA (Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa); AMBAR (Asociación Civil de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca). El Plan se materializó con la ejecución de cuatro mesas técnicas de trabajo, tres de las cuales se realizaron en el año 2006, y la cuarta en el mes de noviembre de 2007. En las mesas se elaboró también el proyecto de la Ley Especial contra el Tráfico de Niños y el Trato como Objeto Sexual de los Adultos, proyecto que había sido propuesto por la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, en enero del 2006.
En el mismo año 2006, se realizó en la isla de Margarita la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como fruto de la reunión se elaboró un Documento de Conclusiones y Recomendaciones. Hay que destacar la participación de diversas ONG que aportaron elementos para la elaboración del documento final. Las conclusiones se centraron en la importancia de implementar medidas preventivas, asegurar la persecución y castigo de los autores del delito, la protección y asistencia a las víctimas así como la cooperación entre los países de la región.
Resultados alcanzados
a. En el área de los derechos humanos
Gracias al trabajo realizado principalmente por las ONG, muchas trabajadoras sexuales han adquirido una mayor conciencia de sus derechos: no se dejan extorsionar y presentan denuncias cuando se sienten amenazadas por los cuerpos policiales. Por otra parte se ha reducido el número de operativos represivos por parte de los órganos policiales y ha disminuido la agresión contra las trabajadoras sexuales. Igualmente se puede observar que los medios de comunicación han empezado a utilizar un lenguaje más respetuoso y menos amarillista cuando presentan crónicas y fotos que involucran trabajadoras sexuales.
No se ha logrado la abolición del uso del carnet rosado (credencial exigida para el ejercicio de la prostitución), por lo que se sigue violando lo dispuesto por el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, cuyo Art. 6 prohíbe la obligación de tener un registro o documento especial que la identifique como trabajadora sexual. Por el carnet rosado, las mujeres en situación de prostitución siguen siendo objeto de extorsión, presión y abuso por parte de funcionarios y policías. Dicha abolición estaba prevista en la “Propuesta de Ordenanza para la Regulación del Trabajo Sexual en el Distrito Metropolitano de Caracas” que nunca llegó a la etapa de aprobación por problemas políticos entre el gobierno central y el local. No se tiene información sobre el proyecto de la Ley Especial contra el Tráfico de Niños y el Trato como Objeto Sexual de los Adultos, proyecto financiado por UNICEF en enero de 2006.
b. En el área de salud
La ONG AMBAR solicita anualmente al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la información oficial necesaria para actualizar el número de mujeres que ejercen la prostitución y acuden a los servicios sanitarios obligatorios. No se ha recibido todavía la información solicitada. Al momento de realizar la presente investigación el MPPS no había entregado tampoco las estadísticas sobre el Sida en Venezuela para su inclusión en el Informe Anual de la UNICEF
Afortunadamente, desde el año 2002, el MPPS presta apoyo técnico y económico a la ONG AMBAR que desarrolla actividades de prevención como parte del Programa Nacional de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS) del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).
c. En el área de rehabilitación
No se conocen programas implementado por organismos gubernamentales que incluyan medidas de rehabilitación. No existe ningún tipo de programa oficial hacia mujeres en prostitución, sea de apoyo, amparo o reconversión hacia otras actividades. Esta tarea, por el contrario, sólo la realizan algunas ONG. Un programa del Instituto Metropolitano de la Mujer, concebido para dar apoyo a las mujeres de la tercera edad en situación de prostitución, no pudo ser implementado por falta de fondos, debido a la persecución política ejercida en contra de las autoridades electas que son opositores políticos.
d. En el área de reducción de la prostitución
No se conocen acciones emprendidas por los entes públicos para reducir específicamente la explotación sexual comercial de la prostitución. Sin embargo, en la medida en que la trata pueda también alimentar la prostitución interna, el esfuerzo realizado por el gobierno venezolano para reducir la trata también representaría una reducción de la prostitución
En cuanto a desalentar la demanda, en 2005 CECODAP y UNICEF iniciaron una campaña para hacer un llamado a quitarse las manos de los oídos, la boca y los ojos, para poder ver la realidad del comercio sexual de niños y niñas y hacer algo al respecto. Únete contra la explotación sexual era el mensaje que apareció en afiches, trípticos y calcomanías, que comenzaron a difundirse por el país con la participación de actrices conocidas.
e.En Prevención
No hay datos precisos sobre el tráfico de personas en Venezuela, se publica poco al respecto en los medios de comunicación masivos y, en general, no hay conciencia sobre el problema. Como hemos visto anteriormente, las actividades del gobierno venezolano en relación con la trata de personas son relativamente recientes. La organización gubernamental encargada de implementar lineamientos en materia de prevención de la trata de seres humanos es el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Dirección General de Prevención del Delito, como Autoridad Central en la materia, designada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.140, de fecha 04 de marzo de 2005. Su función es coordinar una serie de medidas preventivas y de cooperación previstas en el artículo 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo en materia de Trata de Personas, 2000).
La información que se pudo recoger acerca de las acciones del gobierno venezolano para prevenir, reprimir y sancionar la trata, es la contenida en los informes oficiales presentados por el gobierno venezolano en diversas reuniones internacionales y/o en las elaboraciones hechas, con base a esos informes, por los organismos internacionales involucrados.
En el Informe presentado por la Secretaría Técnica de la OIM (Organización Internacional de Migraciones) en la Séptima Conferencia Sudamericanas sobre Migraciones que tuvo lugar en Caracas el 2 y 3 de julio de 2007, se presenta una compilación de las actividades realizadas por la OIM y sus contrapartes, hasta junio 2007. En el caso de Venezuela se reporta que en el año 2005, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) y el Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia recibieron un Primer Seminario de Capacitación contra la Trata de Persona y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Organizado por OEA/OIM. Éste fue el primer espacio en el país donde se abordó el tema. También se recibió la donación de 5000 trípticos informativos sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
A raíz de la capacitación de enero 2005, el gobierno venezolano, a través de la Dirección de Prevención del Delito comenzó a realizar un programa de formación y capacitación en materia de trata de personas especialmente dirigido a funcionarios policiales, operadores de justicia, jueces, fiscales del Ministerio Público, coordinadores regionales de prevención del delito, defensores municipales y consejeros estadales de protección de niños, niñas y adolescente. También se capacitaron líderes preventivos comunitarios con el objeto de multiplicar la información en sus localidades. En el mismo sentido se impulsó la realización de campañas informativas dirigida a la población general que se concretó a través de la producción de 4 micros informativos, la creación de una línea telefónica (call center) para recibir denuncias, la ubicación de pendones en sitio estratégicos y la distribución de afiches y volantes informativos.
Analizando estos documentos se puede observar que la información presentada por Venezuela en la Conferencia Sudamericana es muy reducida en comparación con las planificaciones mucho más complejas desarrolladas por los otros países participantes. A pesar de la inexistencia de información estadística sobre trata, el informe venezolano no contempla la necesidad de desarrollar una investigación diagnóstica para detectar tipos, modalidades, redes, rutas, mecanismos de reclutamiento, etc. Sobre este aspecto existe cierta contradicción con lo señalado en una entrevista realizada durante la reunión de la OEA en Margarita (2006), en la cual la Directora General de Prevención del Delito informaba que el Ministerio del Interior y Justicia, con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización para las Migraciones (OIM), trabajaba en el diseño de una investigación con un enfoque exploratorio – descriptivo, acerca de la existencia de la trata de seres humanos focalizado en las principales ciudades fronterizas y de alta densidad demográfica en el país. También acotaba que ya se había iniciado una investigación dirigida a explorar el conocimiento del tema de trata de personas por parte de los funcionarios que conforman los distintos organismos de seguridad ciudadana. Lamentablemente no ha sido posible conocer los resultados de estas investigaciones, ni se ha mencionado su existencia en fecha posterior.
En el 2008, en el Informe sobre acciones realizadas en materia de prevención del delito de la trata de personas presentado por el gobierno de Venezuela se menciona haber extendido a los años 2007 y 2008 la alianza con UNICEF iniciada en el 2006; los frutos de esta alianza fueron los siguientes:
a. La elaboración de un Plan de Acción de la República Bolivariana de Venezuela para Prevenir, Reprimir y Sancionar el Delito de la Trata de Personas y Asistir Integralmente a las Víctimas. Este plan se proponía desarrollar objetivos, áreas de intervención y estrategias para la prevención, represión, sanción y asistencia integral a las víctimas del delito de trata de personas, en la República Bolivariana de Venezuela, y estaría fundamentado en las orientaciones y directrices planteadas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado en la ciudad de Palermo, Italia en el año 2000.
b. La realización de un Plan de Capacitación y Difusión a nivel nacional, el cual incluía la sensibilización de un número importante de funcionarios de seguridad a través de talleres destinados para la capacitación y formación de los mismos en esta problemática, y la difusión de la información especialmente en los sectores populares, en el interior del país como en el Área Metropolitana de Caracas. Específicamente, se había ofrecido un taller denominado “Elementos Básicos de la Trata de Personas”, dirigido a niños, niñas y adolescentes en escuelas y liceos, y un taller denominado “Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes”, dirigido a funcionarios de los diferentes organismos públicos y privados. Aquí se vuelve a mencionar la producción de los mismos materiales para la difusión incluidos en el informe del 2007 (afiches para comunidades y centros educativos; volantes para su distribución en aeropuerto, comunidades y transporte público; pendones alusivos al delito para su instalación en aeropuertos; y trípticos para su distribución masiva). Se anexa al informe la imagen del tríptico y del afiche principalmente orientados a prevenir el engaño de ofertas de trabajo al exterior. Al mismo tiempo se menciona la realización de una campaña de difusión a través de 4 micros informativos sobre la trata mencionando la línea 0800-CONTIGO, para canalizar las denuncias. La línea se puso en funcionamiento en julio 2008 por la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio del Poder Popular para Interiores y Justicia, aunque su funcionamiento ya aparecía citado en el informe del año anterior.
c. La elaboración de un Manual para la Protección y Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas, con especial énfasis en Mujeres, Niños, Niñas y adolescentes, a fin de de evitar la revictimización y respetar los derechos fundamentales de toda persona humana dentro del territorio nacional, así como a los venezolanos que se encuentran en el extranjero.
Según el informe, los casos procesados de trata de personas en el 2007 fueron 22 y los imputados por este delito fueron 13. En el mismo informe se presentan cifras relativas al plan de capacitación correspondiente al año 2007. Las personas capacitadas fueron, en total, 10,647 (CICPC: 1,711; Funcionarios: 388; Padres y Representantes: 5,339; Docentes: 458; Líderes comunitarios: 2,409; Reclusos: 25; Funcionarios de otras instituciones: 137). En otra fuente de información se habla de haber formado 7000 guardias nacionales y 5000 participantes de Consejos Comunales.
En general la información no es precisa y a veces contradictoria, lo que dificulta lograr una visión completa de todas las acciones realizadas en el lapso 2004-2008. Con relación a los resultados de la capacitación a funcionarios públicos, la evaluación del Departamento de Estado de EE.UU. señala que:
….la alta rotación de personal parece haber obstaculizado, en general, el progreso en las acciones contra la trata. Un personal totalmente entregado a esta tarea ayudaría con los esfuerzos del gobierno, así como la capacitación en la instrumentación de las diferentes leyes contra la trata y las distinciones entre los delitos de contrabando de extranjeros y la trata”.
En cuanto al plan de difusión, no está claro si el esfuerzo ha sido sostenido a través del tiempo, es decir, si hubo un seguimiento del programa iniciado en 2005 y con qué intensidad se realizó en el 2008. Posiblemente esas campañas de concientización tienen que realizarse en forma sostenida en el tiempo para lograr los resultados esperados. Por otra parte, tampoco se ha hecho mención de un estudio que evalúe el impacto de la campaña de difusión. En los materiales utilizados en las campañas de difusión, en general, no se hace ninguna referencia explícita a la explotación sexual comercial.
En cuanto a la protección de las víctimas, el gobierno no opera albergues para tal fin y confía en algunas organizaciones no-gubernamentales la tarea de proporcionar la mayoría de la asistencia a las víctimas sin brindarles, por otra parte, ayuda financiera.
Con referencia al problema de la pornografía infantil, en el año 2007, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Coordinación Regional de Prevención del Delito del Estado Zulia mencionó la creación de un Plan Piloto para la Lucha contra la Pornografía de Niños, Niñas y Adolescentes; para su aplicación se escogió el Municipio Maracaibo. También se aplicó el Plan Piloto en las Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Caracas. Tampoco se tiene información sobre el resultado de estas acciones.
Por su parte, la ONG AMBAR está desarrollando, desde el año 2005, un programa de prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil ESCI, “Casa Hogar Taller AMBAR”. El programa está orientado a la construcción de opciones y proyectos de vida fuera de la ESCI y se desarrolla en tres vertientes: una campaña continua de promoción y captación de adolescentes en situación de ESCI y/o de Riesgo Social (Subprograma Educadores de Calle), la implementación de Servicios de atención Psicológica, Legal y Médica y el Plan de formación integral: Área Vocacional y Proyecto de Vida. Hasta el momento se han beneficiado de este programa 340 adolescentes entre 14 y 17 años. El programa prevé la reinserción de las niñas y adolescentes en el sistema escolar, la capacitación para que puedan desarrollar actividades productivas y promover el reencuentro con sus familiares. En Septiembre 2007 AMBAR estableció una alianza con la Alcaldía del Municipio Chacao a través del Fondo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para apoyar este programa.
Participación de las ONG
La ONG AMBAR y el grupo de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor estructuraron el Módulo de Prostitución y Tráfico de Mujeres y Niñas como parte del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. El Módulo quiere ser una instancia de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en situación de explotación sexual, para lograr una mujer libre en ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales.
En cuanto a la participación de las ONG en los planes del gobierno, a veces en los informe oficiales se mencionan las alianzas con AMBAR, CECODAP y AVESA. Según lo que aparece en el informe 2008, estas tres ONG participaron en la elaboración del Plan de Acción Nacional contra la Trata, pero las relaciones con estas organizaciones eran desiguales y no se tomaron suficientemente en cuenta sus aportes. La ONG AMBAR participó también por dos años en la comisión encargada de la elaboración de la Ordenanza. Igualmente participó en la Reunión de las Autoridades Nacionales que se realizó en la isla de Margarita en el 2006.
Estudios realizados
Al no existir estadísticas nacionales, con frecuencia la única fuente de información son las estadísticas internacionales, siempre y cuando las instituciones encargadas de publicarlas hayan recibido insumos de las instituciones públicas venezolanas. Cuando esto no sucede, se producen vacíos informativos a nivel internacional, tal como se mencionó en el caso del Informe de UNICEF a propósito de las estadísticas venezolanas sobre el SIDA.
Por otra parte, el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) no ha cumplido hasta el presente con el compromiso tomado con la CEDAW de recoger estadísticas completas y actualizadas sobre trata, explotación sexual y prostitución infantil. No se han publicado tampoco estudios realizados por las instancias públicas con información sobre las causas y alcances de la prostitución, ni sobre la trata de mujeres y niñas. La información que se tiene hasta el momento es la producida por estudios realizados por las ONG, en algunos casos, en colaboración con algún centro educativo a nivel universitario.
En el año 2008, el gobierno creó el Observatorio Bolivariano de Género (OBG) con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de hacer un seguimiento y análisis de las políticas dirigidas hacia la mujer, velar por el respeto de sus derechos y además recoger información estadística sobre las mujeres para subsanar la falta de estadísticas oficiales que permitan evaluar la magnitud del problema y orientar las políticas públicas pertinentes. En julio de 2009 se anunció la culminación de la investigación realizada durante el primer año de existencia del OBG. Sin embargo, no se tiene acceso todavía a los resultados de la investigación.
El grupo AMBAR siguió la línea de investigación sobre prostitución infantil iniciada en 2003, con el estudio de 104 casos en el Casco Histórico del Municipio Libertador de Caracas. Se trata de un estudio sobre explotación sexual vinculada exclusivamente a la situación de calle que buscaba recolectar información sobre las relaciones de carácter espacio-temporal que marcaban la dinámica de ESCI en la zona. Se utilizó una estrategia diagnóstica que consistía en el levantamiento de un “Mapeo zonal de la situación de ESCI” para el abordaje de la percepción e identificación de los procesos claves que definen las dinámicas de permanencia y movilidad de la ESCI a través de las opiniones e informaciones de actores vinculados desde diferentes sectores de la realidad social: los propios sujetos, los Actores de Calle y los Actores Locales. Como metodología se utilizó la Evaluación Rápida.
En 2006 se presentaron los resultados de un segundo estudio realizado con la misma metodología en el Municipio Chacao del Estado Miranda, con especial énfasis en el mapeo de sensibilidad del problema de ESCI e identificación de las zonas críticas para detectar la dinámica de explotación interna del Municipio incluyendo los patrones de movilidad de las menores explotadas. Las áreas estudiadas fueron: el perfil de explotación sexual (identificación, historia sexual y prostitución, planificación familiar e ITS, alcohol y drogas, familia y situación personal, aspiraciones y deseos) y el mapeo de sensibilidad a la ESCI, es decir, la percepción de la situación por parte de los Actores de Calle y de los Actores Locales. Como resultado se pudo describir la dinámica de la explotación en sus diferentes modalidades y su localización en las zonas críticas Se elaboraron los mapas de Sensibilidad según la presencia de ESCI alta o media en cada sector y su evolución en el tiempo. Se pudo concluir que, en el municipio estudiado, la ESCI vinculada a la prostitución de calle puede estar afectando a una población de entre 80 a 90 niña(o)s bajo las modalidades de “Explotación desde las Redes” y “Explotación de carácter permanente”, y pudiera extenderse entre 120 a 130 niña(o)s si se suma la incidencia de la “Explotación de carácter esporádico” y la “Explotación adaptada a movimientos económicos”. Del perfil de explotación sexual se observó que el 87% son de sexo femenino, cuya edad varía entre 14 y 17 años, aunque afirman tener más edad y ser residente de otro municipio; 55% tienen 1 o 2 hijos, y se iniciaron en esa actividad por influencia de amigas (50%) o por iniciativa propia o por un familiar (31%); 44% dice no sentirse bien en ESCI y quisieran salir de la situación. En cuanto al ingreso percibido, el 52% afirman que en un “buen día” pueden ganar entre 500 y 1000 Bs.F, y en un mal día entre 80 y 200. Para el 29% este recurso es utilizado para sostener los hijos o la familia. El conocimiento sobre anticonceptivo se limita principalmente al condón (96%) y a la píldora (30%). El uso es más reducido, 61% usa el condón y/o la píldora; cuando el cliente no quiere usar el condón, la tarifa es superior. El conocimiento sobre el SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es muy escaso. El uso de drogas y alcohol es frecuente porque les permite minimizar y/o neutralizar el asco que sienten al estar con algunos clientes. En cuanto al conocimiento que tiene la familia sobre sus actividades, 69% dijo que por lo menos un familiar sabe a qué se dedican. Su relación con los policías no son muy positivas, no se sienten protegidas, sino amenazadas de extorsión; los visualizan como un obstáculo para el desarrollo de sus actividades. Los Actores de Calle consideran que el 63% de los residentes del Municipio conocen y/o rechazan el problema pero no generan ninguna acción. Sólo el 22% piensan que la sociedad debería hacer algo. El 8% de los Actores Locales opinan que el Municipio atrae la ESCI por las condiciones económicas de sus habitantes, por la atracción del comercio y por ser un ambiente más seguro que los otros municipios de la ciudad.
Con base en los resultados obtenidos se recomendó la implementación de estrategias de intervención según las características de cada sector. Además, la coexistencia de las distintas modalidades detectadas hace que el problema de la ESCI sea difícil de abordar sólo con patrones represivos o métodos coercitivos. Así mismo se recomendó trabajar desde perspectivas que enfocaran a los clientes para desalentar la demanda: se sugirió generar una matriz de opinión que estimule la denuncia y aprensión de los abusadores, redes y explotadores; implementar programas de cooperación con los cuerpos policiales para facilitar la captura y castigo de los abusadores, así como de prevención a través de ayuda psicológica a quienes la necesitaran.
Apoyándose en la experiencia acumulada (desde 1999) a través de los estudios realizados y los programas de asistencia, prevención y abordaje de la Explotación Sexual Comercial Infantil y adulta, en el año 2007 AMBAR presentó al Instituto Nacional de la Mujer una propuesta de estudio de línea de base sobre la situación de prostitución y explotación sexual. El estudio, de carácter exploratorio-descriptivo, se realizaría en los cuatro estados más afectados por el problema (Anzoátegui, Falcón, Monaga y Zulia) y tendría el objetivo de potenciar la generación de respuestas institucionales y estrategias conjuntas para el abordaje de la explotación sexual comercial infantil y la situación de prostitución adulta. La propuesta fue rechazada por ser considerada demasiado costosa. El mismo tipo de estudio se reformuló para tres Estados, Anzoátegui, Bolivar y Distrito Capital y se está buscando financiamiento de otras instituciones.
Paralelamente el grupo AMBAR realizó una investigación sobre los derechos humanos de las prostitutas analizando sus condiciones de vida y de trabajo en locales de Caracas. Los resultados del estudio están actualmente en la etapa de procesamiento estadístico.
Se realizaron dos estudios sobre prostitución adulta. El primero fue realizado por el Centro de Investigación y Formación Humanística CIFH de la Universidad Católica Andrés Bello y la Congregación de Hermanas Oblatas que ha venido trabajando en Venezuela desde el año 1960 con mujeres dedicadas al trabajo sexual. Se planteó como objetivoestablecer el perfil sociodemográfico de mujeres dedicadas al trabajo sexual con una selección intencional de 500 mujeres dedicadas al menos desde hace un año a la prostitución en 4 ciudades, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal. Se utilizó un cuestionario sociodemográfico estructurado con preguntas cerradas sobre 5 secciones: datos generales, historia laboral, situación laboral actual, riesgos y control del trabajo sexual y expectativas hacia el futuro. Los resultados del estudio revelaron que a este trabajo se dedican principalmente mujeres jóvenes con al menos 2 hijos, edad promedio 31 años, principalmente solteras. De ellas, el 54% finalizaron la primera etapa de educación básica y 23% iniciaron la segunda etapa; tienen vivienda consolidada y con servicios (89%); económicamente mantienen un promedio de 3 personas. Se incorporan a la población económicamente activa desde muy temprana edad, por la necesidad de aportar económicamente a sus hogares. Las actividades que anteceden a la incursión en el trabajo sexual son el servicio doméstico y el trabajo informal. Destaca la actividad de bailarina en locales nocturnos.
La principal causa de incursión en el trabajo sexual es la necesidad de apoyar a la familia. Al principio el trabajo sexual es considerado una alternativa, pero pronto se convierte en la actividad principal. Al comienzo reciben el apoyo de familiares y/o amistades.
El 56% ejerce diariamente, las otras sólo los fines de semana o cuando lo necesitan
El ingreso promedio supera el salario mínimo y cualquier sueldo percibido en las actividades laborales anteriores. Sin embargo, no es percibido como un ingreso importante, lo que implica una desvalorización aun mayor de cualquier oficio formal promedio.
En general, conciben la actividad como mala, riesgosa y con muy poca satisfacción, y muestran una alta disposición para abandonarla (67%), pero señalan que la falta de oportunidades laborales (44%) y la imposibilidad de percibir un mejor sueldo (46%) las mantienen en el trabajo sexual. A pesar de este panorama en el presente, las expectativas en tres años para todas se ubican fuera del ejercicio del trabajo sexual.
El segundo estudio fue realizado en la Universidad del Zulia (Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) con la colaboración de las Hermanas Oblatas.. El objetivo de la investigación era realizar un diagnóstico socioeconómico-demográfico, psicosocial y laboral de la situación de estas mujeres para relacionar la problemática de la pobreza y la exclusión social con la situación de prostitución.
Se utilizó la metodología de estudio de caso aplicando las técnicas de entrevistas semi-estructuradas, abiertas y en profundidad y la observación participante. Se seleccionaron 15 mujeres trabajadoras sexuales (de la Plaza Bolívar y del Paseo Ciencias de Maracaibo) quienes voluntariamente sirvieron como informantes claves, y se complementó la información con 15 informantes secundarios pertenecientes a instituciones locales, tanto públicas como privadas, que de manera directa o indirecta tenían injerencia en la situación estudiada.
En esa zona de la ciudad, trabajan entre 60 a 70 mujeres. Su actividad es independiente, no hay proxenetas detrás de ellas. Establecen su propio horario de 8 horas diarias, y atienden entre 2 y 10 clientes, normalmente fijos. Su ingreso promedio se acerca a los dos salarios mínimos. Su edad varía entre 30 y 60 años, tienen entre 3 y 7 hijos y tienen pareja. Llevan el mayor sustento al hogar manteniendo entre 4 y 8 personas.
Se iniciaron en el oficio por necesidad económica: lo poco que ganaban en el trabajo anterior no les permitía satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar. Al principio fue una opción para superar el momento de precariedad, pero después se acostumbraron y se quedaron ejerciendo el oficio porque el escaso nivel de educación no le permitía incorporarse al mercado laboral con el mismo nivel de ingreso. Al preguntarles por qué no acuden a las Misiones educativas para elevar su nivel de escolaridad, dicen no tener tiempo para hacerlo. No acuden con la frecuencia exigida al control sanitario, y a veces pagan para obtener los documentos sanitarios sin asistir. No consumen ni droga ni alcohol y usan el condón.
En la comunidad no existen instituciones públicas dirigidas a la asistencia focalizada de la mujer en situación de prostitución. Reciben ayuda y asistencia de ONG privadas y religiosas (las Oblatas). Son atendidas por la Prefectura o Policía sólo en caso de maltrato y violencia intrafamiliar.
Sienten profundamente el estigma social que acompaña su oficio y esperan, en un futuro, encontrar otra solución para satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar. Piensan en actividades informales pero independientes, donde no tengan jefes, como, por ejemplo, comercio informal (ropa, cosméticos), o hasta venta de chucherías en la casa. Sin embargo, estas posibilidades dependen exclusivamente de su iniciativa particular pues los organismos competentes no intervienen en su favor.
Los dos estudios permiten sacar algunas conclusiones tentativas que podrán ser verificadas y ampliadas con los resultados de estudios más amplios a realizarse en un futuro. En cuanto a los antecedentes, el mayor porcentaje de las mujeres entrevistadas se inició a muy temprana edad en el mundo laboral, motivadas en gran parte por las carencias económicas y necesidad de aportar al núcleo familiar. La interrupción de los estudios hace que el promedio de escolaridad y capacitación sea bajo y constituya un obstáculo para dedicarse a otras actividades. Se iniciaron por referencias de alguna persona cercana y motivada por las necesidades económicas; la mayor proporción tiene el menos entre 3 y 6 años dedicadas al trabajo sexual. Al principio el oficio es considerado una alternativa para solucionar una situación apremiante, pero pronto se convierte en la actividad principal.
En cuanto al aspecto económico, su ingreso promedio se acerca a los dos salarios mínimos, pero puede llegar a ser seis veces más alto. Sin embargo, la valoración es negativa: más del 50% de las entrevistadas afirma que esta suma es poco para el trabajo que realizan, lo que evidencia un alto nivel de insatisfacción por su condición laboral actual. Además, con frecuencia sienten profundamente el estigma social que acompaña su oficio.
Las expectativas hacia el futuro revelan un fuerte anhelo por migrar a otros espacios laborales y dedicar más tiempo a su hogar. Un mejor empleo, o bien la oportunidad de realizar algún otro trabajo independiente las motivaría a abandonar esta labor. Sin embargo, el propio dinero que ganan, constituye un obstáculo para animarse a cambiar de actividad. En general, el ingreso que se obtiene de este oficio supera con creces a cualquiera que podrían obtener en un empleo formal acorde con su preparación, lo que compite seriamente con otras alternativas formales. Difícilmente podrían percibir un ingreso superior, por lo tanto, la carencia de formación e instrucción para ser absorbidas por el mercado laboral formal, les dificulta superar su condición de pobreza.
Un aspecto favorable para el trabajo con mujeres en esta situación es la alta disposición que se evidencia para abandonar la situación de prostitución, pero la falta de oportunidades laborales constituye una barrera importante para el trabajo de rehabilitación e intervención y las mantienen en esta situación. Es imprescindible desarrollar programas de formación, para elevar el nivel educativo y ofrecer capacitación laboral que las ayude en su inserción en el mercado laboral formal. Y, finalmente, una de las investigadoras nos recuerda que “si la lucha con la prostitución o el trabajo sexual es esencialmente económica, no va a tener éxito; la vía de la rehabilitación debería consistir en destacar otros atractivos, lo que supone entender otras variables de orden psicográfico para generar estrategias persuasivas más exitosas”.
Conclusiones
a. El problema de la prostitución es un tema que afecta a las mujeres y a los hombres en general; no puede ser ignorado, ni considerado tolerable por tener poca visibilidad. Hay que lograr que este problema salga a la luz puesto que es de vital importancia la toma de conciencia por parte de la sociedad en su conjunto.
b. El ejercicio de la prostitución no es una expresión de libertad sexual, ni tiene que ver con el disfrute del sexo sino sólo con el dinero. Es una forma de explotación que implica y genera violencia, vejación, desprotección, desprecio y marginalización. Por lo tanto es importante instaurar la cultura del rechazo a este tipo de comercio de seres humanos y para ello hay que movilizar las conciencias y las políticas
c. Un cambio en las leyes puede conducir a un cambio en la mentalidad.
d. Así como ha evolucionado la actitud de la sociedad hacia la violencia doméstica, se puede esperar que se logre cambiar la percepción sociocultural de la prostitución.
Recomendaciones
- Es necesario impulsar programas de prevención, rehabilitación y reintegración de las víctimas de trata con fines de explotación sexual (con financiamiento público)
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MITOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJERES...MITOS SOBRE LA VIOLENCIA MASCULINA
Mitos sobre la violencia Masculina
Existen determinadas explicaciones sobre la violencia de género que, además de erróneas, son un intento de encubrir la causa esencial de la violencia de género.
En las explicaciones de los mas importantes “mitos o estereotipos” sobre la violencia de genero podremos ahondar en las causas de la violencia de genero. Y, asimismo, tener presentes –con argumentos y datos, algunas de la falsedad que tratan de desvirtuar la realidad de la violencia de género
* “El consumo de alcohol y otras drogas determinan el ejercicio de los malos tratos”
Si bien estas sustancias son factores desinhibidores, lo más significativo de ellas es que permiten al varón autorizarse a llevar adelante una previa intencionalidad y, a la vez, tranquilizar su conciencia y anular su autocrítica. (Es decir, se bebe para pegar y no se pega por beber.) Excepto pocos casos, los varones “saben” cuándo y con quién pueden ser violentos.
Es llamativo que estos factores suelen ser más empleados como explicación causal de la violencia por los abogados defensores de los varones violentos en los juicios y por determinadas campañas sanitarias, que por los mismos varones.
* “Han sufrido violencia durante la infancia o han presenciado violencia entre los padres”
La relación entre haber sido objeto de violencia durante la infancia o haber presenciado violencia entre los padres y ser un hombre maltratador no es una causa en la que haya acuerdo: las investigaciones más recientes encuentran este dato entre un 15 y un 75% de los varones violentos, y consideran que quienes han sido violentados en su infancia tienen tres veces más posibilidades de ser violentos con otros varones en la adultez.
Además, no existen estudios que exploren el número de los varones no violentos que han tenido historias de violencia en el hogar. En cambio, sí se ha estudiado que muchos de los varones activistas en la lucha contra la violencia han tenido este pasado, y les ha servido para rebelarse a él. Por tanto, no se puede establecer una relación causal entre pasado de violencia y violencia actual aunque la experiencia de crecer presenciando violencia directa, humillaciones o privaciones y exigencias emocionales, el ser testigo de abusos contra su madre o el sufrirla ellos mismos, donde los niños aprenden que es posible lastimar a una persona amada, es un factor de riesgo.
En algunos casos, estas experiencias personales inculcan profundos patrones de confusión, frustración e ira contenida en la que sólo las manifestaciones de ira pueden eliminar sentimientos de dolor profundamente arraigados.
Finalmente, podemos destacar la importancia del amplio ámbito de la violencia trivial entre los niños. En muchas culturas, los niños crecen con experiencias de peleas, de hostigamiento y brutalización. La mera sobrevivencia requiere, para algunos, aceptar e interiorizar la violencia como una norma de conducta.
* “Los varones son “naturalmente” violentos”
No todos los varones ejercen violencia, aunque podrían ejercerla (al igual que las mujeres). La “facilitación” natural para el descontrol que algunos alegan tampoco es tan natural, tanto que, los varones pueden contener y evitar su violencia si el contexto no lo permite o les pueden acarrear perjuicios -salvo casos de patología orgánica cerebral o psicopatología grave-.
En cuanto a la testosterona -la hormona masculina- que influye en la sexualidad de los humanos y en el nivel de inquietud psicomotora, su influencia en la manifestación de la agresividad depende de una compleja trama de permisos/ inhibiciones sociales y subjetivas. Los varones son violentos por razones “culturales” y no naturales.
* “Los varones que ejercen violencia sufren problemas “psíquicos””
Hasta la creciente deslegitimación de estas acciones, la violencia masculina acotada al ámbito privado era parte de la “normalidad” masculina. Los varones violentos no padecen especialmente patología psiquiátrica, ni son desequilibrados. Si bien, hay algunos varones -pocos- que por su patología son violentos en cualquier situación, la mayoría discrimina “muy cuerdamente” en que situaciones se pueden “permitir” ejercer violencia.
Algunos varones violentos son conocidos como irritables, pero muchos son “gente normal”, buenos vecinos, solidarios con la comunidad.
No tienen tampoco doble personalidad, sino que su violencia sólo aflora cuando la mujer no se somete.
* “Los varones que ejercen violencia tienen baja autoestima”
Si bien la baja autoestima puede ser una característica en los varones que ejercen violencia, no es un hallazgo constante. Existe un grupo de varones que, por el contrario, tienen una autoestima elevada, aunque generalmente con características débiles en tanto depende para su sostenimiento del sentirse superior (y para ello quienes le rodean deben aceptar la inferioridad), y del aplauso de la mujer.
La idea de la baja autoestima como característica general de los varones que ejercen violencia ha surgido especialmente de la observación de varones violentos que reciben atención psicológica o están en prisión debido a sus comportamientos violentos y se han integrado a programas de tratamiento. En realidad, muchos de estos varones tienen un cuadro de inseguridad debido a la vulnerabilidad en la que se hallan por las consecuencias de su conducta (pérdida de familia, proceso judicial, vergüenza pública), y debido a ese episodio su autoestima es baja en ese determinado momento.
Algunos la tenían previamente, pero en otros, antes de los episodios violentos lo que predominaba era un exagerado concepto de sí mismo. Se considera que los varones responden de forma agresiva frente a presiones o aquello que les molesta, o que expresan su ira de modo exagerado y poco controlado. Sin embargo, el descontrol en la violencia masculina, es “controlado” en función del contexto y de las relaciones de poder. No es una causa, sino un efecto. El descontrol se ejerce con una persona más débil que él. Es una violencia selectiva que se expresa exclusivamente en relaciones donde el varón tiene más poder. Así, podemos observar que no se “permite” descontrolarse con su jefe o la policía o se descontrola menos si hay un extraño. El varón elige “controladamente” el lugar, la víctima, el momento y las partes del cuerpo de la mujer que habitualmente se golpean.
“Sólo algunos varones ejercen violencia”
En cuanto a la cantidad de varones que ejercen violencia se puede convenir que si definimos como violencia únicamente a la violencia física o sexual y nos fijamos en la violencia que se ejerce a través de acciones físicas y sexuales graves, y si además sólo tenemos en cuenta la violencia que se denuncia, pudiera parecer que no son muchos los varones que ejercen este tipo de violencia. Sin embargo, no sólo existe esta violencia que se muestra en los medios de comunicación y que es motivo de preocupación, porque supone riesgo para la vida, sino que también existen otros tipos de violencia más cotidianas y menos visibles ejercidas por los varones.
Mitos sobre las mujeres maltratadas
La violencia contra las mujeres está rodeada de prejuicios que justifican a los hombres y responsabilizan a las mujeres de la violencia que sufren. Estas ideas preconcebidas y erróneas, influyen y predisponen negativamente ante las mujeres victimas de malos tratos e impiden, en ocasiones, actuar de forma efectiva tanto en la detección precoz, como en la intervención sociosanitaria.
Algunos de estos mitos son:
* “Pertenecen a sectores socialmente desfavorecidos o marginales y con escasos recursos económicos”
La realidad es que los malos tratos se producen en todos los niveles socioeconómicos y culturales. Sin embargo, las mujeres que tienen redes sociales y familiares que las apoyan afectiva y económicamente, no buscan ayuda en los recursos sociosanitarios públicos, ni suelen presentar denuncias, por lo que las características de las mujeres que son atendidas en los servicios sociales refuerzan la idea de que solamente en las familias desestructuradas y con problemas económicos, de marginación o bajo nivel cultural se producen malos tratos. Además, las mujeres de alto nivel socioeconómico se sienten muy presionadas socialmente para ocultar su problemática.
* “Los malos tratos los sufren mujeres con unas características determinadas de personalidad o que tienen un comportamiento provocador”
Este mito atribuye a las mujeres el ser las “provocadoras”, al mismo tiempo que considera que las mujeres continúan en una situación de malos tratos debido a que el sometimiento les produce placer. Explicaciones consonantes con el lugar de “culpable” que la cultura patriarcal adjudica a las mujeres. Se responsabiliza a las mujeres del comportamiento de los hombres, ya que se les supone que pueden hacer que un hombre violento cambie si lo tratan con comprensión y paciencia y no lo ponen nervioso. Se ignora que los maltratadores puedan ver como provocación cualquier actitud femenina que implique una transgresión a su rol tradicional de atención y cuidado del varón.
Debido a esta falsa creencia, las mujeres tienden a pensar que si no hubieran adoptado una conducta determinada (si no hubieran sido provocativas) podrían haber evitado la violencia. Sin embargo, la violencia ejercida no depende de lo que haga o no la mujer, sino de la atribución de significado que el varón da a la conducta de ella: cualquier cosa (y hoy puede ser una y mañana otra cosa) que él sienta que ataca su estatus o virilidad es provocador.
Un activador “provocativo” frecuente y que, muchas veces, desencadena violencias gravísimas, es la idea de un abandono inminente por parte de la mujer. Este mito ignora también que en las relaciones, los varones tienden a autoasumir un rol dominante desde el que ejecutan diversos sometimientos, generando vínculos no simétricos de cuyos resultados no se puede responsabilizar a ambas partes por igual: más poder significa también más responsabilidad.
Pero, la mujer tiene interiorizada su culpabilidad y los varones siguen pensándose inocentes, sintiendo que están a merced de fuerzas externas (entre ellas la mujer) ante las que no queda otra opción que defenderse. Una variante de este mito, consiste en responsabilizar a ambos miembros de la pareja de la violencia, desconociendo las diferencias de poder y por tanto las menores posibilidades de libertad de opinión y acción de la mujer. La violencia es una actitud personal del varón que no puede justificarse por provocaciones.
* “Las mujeres que continúan y “aguantan” una relación de maltrato durante tiempo, incluso años, es porque quieren”
Hay muchos motivos por los que las mujeres soportan durante años los malos tratos: el estado emocional que produce la violencia (la pérdida de autoestima, la depresión, el miedo, los sentimientos de incapacidad), la falta de apoyo familiar y de relaciones afectivas, la esperanza de que su pareja cambie, las expectativas sociales sobre las mujeres, las dificultades económicas al tener que empezar una nueva vida, los procesos a los que tiene que enfrentarse, la falta de apoyo social… hacen que una mujer tarde en tomar la decisión de terminar con la situación de maltrato.
* “Los malos tratos a mujeres son actos o comportamientos aislados”
La violencia grave es sólo la punta del iceberg de una enorme cantidad de violencias: diversos tipos y grados de violencias físicas leves, violencias psicológicas, violencias emocionales, violencias económicas, violencias contra los objetos o personas queridas por la víctima y micromachismos, que circulan en la cotidianeidad de muchos hogares.
La violencia física, por supuesto, ocupa un lugar destacado entre estas violencias. Pero si partimos de la definición asumida por distintos organismos internacionales sobre la violencia doméstica como “toda acción o conjunto de acciones realizadas en el hogar, que utilizan abusivamente el poder para lograr dominio sobre otra persona, forzándola y atentando contra su autonomía, dignidad, privacidad o libertad”, no podemos negar que la violencia que mayoritariamente padecen las mujeres a manos de varones es más generalizada y cotidiana. Violencia que, en algunos casos, produce daños físicos, pero que siempre produce daños mucho menos visibles y duraderos como son los daños a la autonomía, autoestima y dignidad. La violencia no consiste habitualmente en actos o comportamientos aislados sino en un proceso de violentación.
FUNCIÓN Y EFECTOS DE LOS MITOS
Los mitos no sólo explican, sino que plantean una propuesta implícita de acción. Así, al definir la violencia y limitar su complejidad generan respuestas y formas de enfrentamiento específicas a dicho fenómeno. Son abordajes estratégicos que priorizan: La judicialización: los violentos son sólo los sentenciados como delincuentes.
La psiquiatrización y psicologización: los violentos deben ser tratados para eliminar las “causas” que provocan su comportamiento (alcohol, drogas, mal manejo de la ira, baja autoestima. etc.) La individualización del fenómeno: la violencia es problema de los violentos y la sociedad “sana” debe defenderse de ellos o tratarlos. Estas repuestas recortan la amplitud de las acciones a realizar, al no tener en cuenta las variables psicosociales que producen y mantienen la violencia, así como las especificidades masculinas que la propician en el comportamiento de los varones.
Los mitos como encubridores. Los mitos sobre la violencia masculina son, en su mayoría, factores relacionados con la violencia, pero no factores causales. Muchos, son factores agregados de riesgo, agravantes, mantenedores o reforzadores, o bien efecto, pero no causa de la violencia.
Pese a su falsedad, estos mitos persisten como verdades en el discurso social, porque cumplen numerosas funciones. Proponen respuestas simples y tranquilizantes a cuestiones sociales complejas y ocultan y encubren aspectos de esa realidad que la sociedad aún no puede asumir, invisibilizado algunas condiciones de su producción social.
Los mitos sobre la violencia sirven para encubrir:
La amplitud del fenómeno, en la medida que únicamente se considera violencia: La violencia física o sexual grave. La causalidad sociocultural del fenómeno y de poder social masculino, dado que esta violencia representa la forma en que se expresa el ejercicio de poder de los varones contra las mujeres en el ámbito de lo privado e íntimo. El poder asumir los malos tratos como un problema que atañe a todos, en cuya responsabilidad de producción/ perpetuación interviene toda la sociedad. La antigüedad, habitualidad y “normalidad”, la legitimación social y tolerancia al uso de ésta y otras violencias como modo de resolver conflictos a través del abuso de poder, y como una forma de control que se ejerce contra las mujeres.
El consentimiento social hacia las formas menos graves de los malos tratos a mujeres.
El beneficio que proporcionan a los varones (y el perjuicio que ocasionan a las mujeres) porque minimizan la responsabilidad masculina:
1. Los mitos explican la violencia por factores ajenos al varón (factores sociales, trastornos que de un modo u otro suponen descontrol).
2. Niegan que haya una intencionalidad masculina. un para qué y una utilidad.
3. Ocultan el silencio cómplice masculino que favorece la minimización o el ocultamiento de estos hechos.
4. Colocan a los varones en dos categorías: los violentos y maltratadores (muy pocos según los mitos) y los no violentos (la inmensa mayoría), ocultando la existencia de un elevado número de varones que ejercen violencias menos graves, de manera que la mayoría de los varones no se sienten implicados en el problema de la violencia, al que consideran como un problema de las mujeres.
5. No explican por qué, si las mujeres también pueden consumir alcohol, drogas, ser pobres, haber sido violentadas de niñas. etc… son los varones predominantemente, y no ellas, quienes maltratan.
Los mitos, aliados de los violentos
Las actuales definiciones de la violencia (se considera violencia únicamente cuando los hechos son graves) y los mitos que la explican benefician claramente a los varones, en tanto los ponen fuera de la solución del problema, o como víctimas de su naturaleza, la mujer o fuentes externas aparentemente inmanejables. Tanto es así que quienes ejercen violencia (así como muchos de los que los juzgan o defienden) explican sus comportamientos con los mismos argumentos que lo hacen los mitos, desresponsabilizándose de su comportamiento personal, encontrando atenuantes a su actuación.
La actitud irresponsable, avalada por los mitos, tiene además estrategias específicas de justificaciones y excusas, confusión, minimización y desvío del problema hacia los factores causales (la mujer principalmente).
Los mitos sobre la violencia masculina y las estrategias masculinas de desresponsabilización se refuerzan mutuamente, beneficiando a los varones al confirmar su “inocencia” o su situación de “víctima de las circunstancias”.
Los mitos tienen también algunos efectos negativos sobre los varones:
Los mitos, al modelar un retrato del varón que ejerce violencia como alguien desequilibrado o inerme frente a fuerzas “externas” -una caricatura-o impiden que los varones con problemas de violencia puedan reconocerse en él. Les impiden -sobre todo-o al inicio del vínculo y aunque se perciba y se avergüence de ser violento, reconocerse (o que la mujer lo reconozca) ante terceros y hablar de ello. (¿Cómo decir que existe descontrol, o acciones violentas, si eso equivale a ser etiquetado de monstruo, loco, descontrolado o delincuente?)
Todos los mitos nombrados están tan incorporados en el imaginario social que aun las mujeres maltratadas tienden a evaluar la actitud de su pareja desde estas falsas creencias.
Las mujeres tienden a definir como violencia solamente la violencia física. El resto de las violencias tiende a ser disculpada porque no se evalúa como violencia, sino como “descontrol” debido a factores de enfermedad o externos. Esta evaluación contrasta con la que tienen muchos varones violentos que han participado en programas psicosociales de reeducación: ellos llegan a reconocer que su comportamiento violento excede al momento de la agresión física, y que es parte de un continuo de acciones en un intento de obtener un control global de la mujer.
Por tanto, los y las profesionales del sistema sanitario, en la medida que puedan cuestionar este imaginario social sobre los malos tratos a las mujeres van a sentirse más capacitadas para identificar este tipo de violencia.
Factores de las propias mujeres maltratadas
Las mujeres maltratadas desarrollan toda una serie de mecanismos de defensa y supervivencia, al estar inmersas en una situación de violencia, que muchas veces se cronifica.
Son reacciones de miedo, vergüenza, sentimientos de culpa, y de quitar importancia a lo que ocurre, que les dificulta el reconocer y/o asumir que son víctimas de malos tratos.
• Miedo: la mujer ha sufrido amenazas contra ella y sus hijos e hijas si cuenta lo que le pasa. Puede tener miedo a las represalias, a que la violencia sea más intensa si dice algo, o denuncia.
• Vergüenza: la mujer se avergüenza de vivir esta situación, cree que sólo le pasa a ella, y que ha fracasado en su proyecto más importante: la pareja y la familia. Es el fracaso de su proyecto vital: pueden pensar que es mala madre o esposa; que algo habrá hecho, que “los trapos sucios se lavan en casa”… La vergüenza también puede venir por no ser capaz de dejarle, aunque lo haya intentado en otras ocasiones. También en muchos casos, la mujer piensa que las lesiones o secuelas que tiene son poco importantes y no es necesario mencionarlas ante el médico o la médica.
• Distorsión / Falta de conciencia / Minimización: la mujer parece no darse cuenta de la gravedad y peligrosidad de su situación; quita importancia y se agarra a fuertes convicciones. Puede decir frases del tipo: “estoy exagerando, no es para preocuparse tanto…”, “son cosas mías… “, “estoy segura que nunca me mataría, aunque lo diga”, “seguro que no llega tan lejos…”: “a los niños no es capaz de hacerles daño…”: son más deseos que realidades y responden a la necesidad de creer que esto es así, al no poder enfrentar cognitivamente la realidad que están viviendo. En muchos casos las mujeres creen que la violencia no se va a repetir, cuando lo cierto es que no sólo no disminuye, sino que se incrementa en gravedad y frecuencia.
• Negación: la mujer niega que ocurra nada, que su situación precise de una ayuda exterior: “es lo de siempre, no se preocupe, estoy acostumbrada”, “sé lo que me hago”.
• Resistencia: a reconocer lo que está pasando. La mujer justifica, comprende y disculpa a su agresor: “perdió los nervios”, “está pasando una mala racha”, “en el fondo me quiere”, “si él es bueno”…
• Culpabilización: la mujer asume la responsabilidad de lo que ocurre: probablemente es algo que su compañero le ha repetido muchas veces: “él tiene razón, soy un desastre, no tengo las cosas como él quiere”, “es verdad que la comida estaba fría”, “los niños hacían tanto ruido”, “yo también es que tengo poca paciencia, hay que saberle llevar”. En muchos casos cree que merece lo que le pasa.
La culpa es uno de los aspectos más presentes y difíciles de neutralizar en el trabajo con mujeres maltratadas. Una educación personal y social basada en la responsabilidad de lo afectivo y familiar, hace que las mujeres se sientan culpables por casi todo: por quejarse, por hacer sufrir (a los hijos y a las hijas, al marido, incluso a los suegros), por querer acabar con el maltrato, por tomar decisiones por sí mismas.
La acción institucional contra la violencia de género ha provocado una mayor atención social sobre el fenómeno y, a la vez, ha suscitado ideas que ejercen cierto “efecto Penélope” ―destejiendo los logros ―en el avance contra este fenómeno.
En este apartado se recogen siete de los estereotipos que se manejan socialmente en la lucha contra la violencia de género, a fin de que en cualquier iniciativa de carácter local se considere cómo combatirlos.
Estereotipo 1: Es un fenómeno que forma parte de la violencia generalizada en el mundo actual.
Como ya se ha comentado, la agresividad es inherente al ser humano, pero la violencia se desata por muchos factores y es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002).
Muchos de los valores que magnifica la sociedad actual favorecen el uso intencional de la violencia para conseguir poder: poder físico, poder económico, poder social, etc. Ya se vio que hay diferentes tipos de violencia, pero la violencia de género es diferente a cualquier otra porque, esencialmente, el factor de riesgo es ser mujer.
Pero, además, en el caso de la violencia de género ejercida en el marco de una relación sentimental, hay otros factores que la distinguen:
• La víctima puede amar a su agresor y ese espacio de afecto es el que él utiliza.
• Es el único caso en el que el agresor justifica la violencia en nombre del cariño.
• Su principal objetivo es ‘aleccionar’, ‘reeducar’, ‘controlar’ a través del miedo, no exactamente producir un daño físico. El mensaje que lanza el agresor es de dominación: témeme.
• Siempre es psicológica, en ocasiones llega a ser física, sexual, económica, etc.
• Se puede desatar en lugares públicos, pero casi siempre se produce en un entorno privado, lo que facilita que sea ‘invisible’ para el resto del entorno de la víctima.
• Se trata de una violencia ‘extendida’ a propiedades de la víctima y también a sus seres queridos: hijos e hijas, familiares, etc.
Estereotipo 2: Toda la violencia de género es violencia doméstica.
El diccionario “Cien palabras por la Igualdad” (1998), publicado por la Comisión Europea, define violencia doméstica como “toda forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física o al chantaje emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la familia o el hogar. En este concepto se incluyen el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo”.
En este concepto están incluidas las formas de violencia que se producen en el interior de la institución familiar, por lo tanto, no afecta sólo a las mujeres sino también a cualquier persona con la que se conviva o se mantenga un vínculo de parentesco. Es decir, la violencia doméstica hace referencia a todas las formas de maltrato que tienen lugar en las relaciones entre las personas de una familia.
Cuando en lo doméstico se produce violencia de género se trata de una forma particularmente perversa, porque “allí donde las mujeres y las niñas deberían sentirse más seguras, la familia, es el lugar en el que a menudo sufren el terror del abuso físico, psicológico, sexual y económico.”
Si no se diferencia entre violencia doméstica y violencia de género, no se están analizando bien las causas de la una y de la otra. Por una parte, se corre el riesgo de invisibilizar la violencia que sufren niños, niñas, adolescentes y personas dependientes que viven bajo el mismo techo que sus agresores; y por otra, pone el acento en un ámbito y obvia y olvida tanto otros espacios donde se produce violencia contra las mujeres como sus causas últimas.
Estereotipo 3: La Ley Integral discrimina a los hombres respecto de las mujeres.
Quienes consideran que la Ley Integral discrimina a los hombres afirman que los motivos de tal discriminación vendrían a concretarse en dos aspectos: por sancionar a los hombres más severamente si agreden a una mujer; y por estar excluidos de la tutela penal reforzada que se concede a la mujer en situaciones de violencia de género. Pero se puede argumentar que la Ley Integral apostó por la protección de las mujeres ante la violencia y, por esa razón, agravó una serie de medidas:
• Agravante específico en el delito de lesiones para los casos en que “la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia” (148.4º del Código Penal). Agravación de la pena del delito de maltrato ocasional del art. 153 del Código Penal cuando la víctima ―mujer― sea pareja actual o pasada del agresor. El incremento punitivo consiste en elevar el mínimo de la pena de prisión de tres a seis meses, así como el límite máximo de la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, que pasa de tres a cinco años. El aumento de la pena de prisión en nada cambia la posible suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad.
El Tribunal Constitucional ha rechazado sucesivamente la idea de discriminación de los hombres cada vez que ha examinado estos tipos penales modificados por la Ley Integral. Se regulan hechos distintos y se aplican penas diferenciadas para supuestos distintos. Se favorece así el desarrollo del artículo 9.2 de la Constitución española en cuya virtud los poderes públicos tienen el deber de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y de “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”, facilitando “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. En otros términos: remover los obstáculos que obstruyen la igualdad sustancial con el fin de hacer posible la participación de toda la ciudadanía en la vida pública en condiciones de igualdad, cualquiera que sea su sexo, etnia o condición personal, cultural o social.
Dado que la violencia de género es la máxima expresión de la discriminación estructural que sufren las mujeres en la sociedad actual, y que la responsabilidad de tales actos es de hombres, no tendría sentido que en la lucha contra este fenómeno se favoreciera un trato igualitario de hombres y mujeres frente a dichos actos. Una acción teóricamente neutra, sí sería discriminatoria.
Como afirma la Catedrática de Derecho Penal, Patricia Laurenzo (2005), esta acción positiva en la Ley Integral “puede explicarse como una legítima decisión de Política Criminal destinada a proteger (a la mujer) frente a un tipo específico de violencia que sólo a ella le afecta porque tiene su razón de ser precisamente en el sexo de la víctima. Un tipo de violencia que no tiene paralelo en el sexo masculino ya que no existe una violencia asociada a la condición de varón. Bien es verdad que hay mujeres que agreden a sus parejas masculinas. Pero estas agresiones son manifestaciones individuales e indiferenciadas de la violencia emergente de la sociedad que, como tales, encuentran suficiente respuesta en las figuras delictivas genéricas que contempla el Código penal ―homicidio, lesiones, amenazas, malos tratos en el ámbito doméstico, agravante de parentesco ―.”
Finalmente, el Tribunal Constitucional (Sentencia 59/2008, de 14 de mayo) llegó a la conclusión de que el artículo 153.1 del Código Penal, que considera el agravamiento de la sanción en aquellos supuestos en los que el autor del maltrato sea el hombre y la víctima la mujer en el seno de las relaciones de pareja presentes o pasadas, no vulnera el artículo 14 de la Constitución, sino que se fundamenta en una diferenciación razonable que no conduce a consecuencias desproporcionadas. Según la Sentencia, la sanción no se impone por razón del sexo del agresor ni de la víctima, ni en cualquier circunstancia, sino que se penan de forma más grave circunstancias que no se dan en las agresiones de mujeres a hombres: las conductas violentas de los hombres dirigidas a someter a las mujeres o a imponerles sus criterios en el contexto de las relaciones de pareja. Esto es, no nos encontramos ante una Ley discriminatoria, sino todo lo contrario: se trata de una Ley que lucha contra una discriminación ejercida durante siglos sobre las mujeres. Fue el problema de la violencia que históricamente se ha venido ejerciendo sobre éstas el que llevó al legislador a poner de manifiesto no sólo que las mujeres se encuentran en situación de desigualdad y subordinación respecto a los hombres sino, además, que su protección ante los actos de violencia requiere la adopción de medidas distintas de las que se deben adoptar para proteger, en general, al resto de víctimas.
Estereotipo 4: También se produce violencia de género de mujeres hacia hombres.
Si bien es cierto que hay relaciones de pareja violentas, no hay comparación posible en las magnitudes de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres ni en cantidad (la inmensa mayoría de víctimas son mujeres), ni en el grado de incidencia social (la violencia hacia las mujeres se produce en todos los ámbitos sociales), ni en su intención (el fin último es la imposición de unos sobre otras).
No es comparable la proporción de agresores que son hombres, ni tampoco la proporción de víctimas que son mujeres. La frecuencia estadística con la que ocurren las cosas es un indicador de que se trata de violencia de los hombres contra las mujeres.
El “Estudio sobre la Aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género por las Audiencias Provinciales”, realizado en 2009 por el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial10, informa de que todos los estudios sobre las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado de España, relativas a homicidios o asesinatos consumados entre miembros de la pareja o expareja, han concluido de “forma inequívoca en que también la violencia con resultado de muerte en el ámbito de la pareja o expareja es, fundamentalmente, violencia de género: el 94,49% de los autores de los homicidios y asesinatos consumados, enjuiciados y sentenciados entre 2001 y 2005, han sido varones. Este porcentaje asciende al 97% de los casos sentenciados en 2006, descendiendo al 77% de los supuestos sentenciados en 2007 por los órganos referidos.”
Los datos reflejan que la violencia afecta mayoritariamente a las mujeres y demuestran que es la mayor vulnerabilidad de las mujeres a sufrir actos violentos, y no el mero dato del sexo o del género, lo que justifica la distinta tutela penal. Las demás tipificaciones y formas de violencia, lejos de estar desprotegidas, se encuentran también recogidas en diversos artículos de nuestro Código Penal.
Estereotipo 5: Si una mujer sigue viviendo con su maltratador, es porque quiere.
El estudio de opinión realizado en 2009 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, recoge que “aunque una mayoría significativa (63,5%) exculpa a las víctimas de la violencia de género de su situación, casi la mitad de los varones y un 28,3% de las mujeres las consideran culpables del maltrato que sufren por seguir conviviendo con su agresor”.
En otro apartado de esta Propuesta Intersectorial se detallan algunas consecuencias del maltrato continuado en las mujeres, pero es importante destacar que el daño psicológico que se le produce a la víctima es tal que le limita, e incluso le paraliza, en la toma de decisiones. Parece, por tanto, necesario aumentar la información sobre las consecuencias de la violencia y comenzar a trabajar con las víctimas antes de la interposición de la denuncia. Muchas mujeres necesitan asesoramiento y atención adecuados antes de dar el paso de denunciar porque tienen miedo, no encuentran apoyo en su entorno, no confían en las instituciones o, simplemente, porque no encuentran la fuerza psicológica para hacerlo.
Estereotipo 6: Hay un elevado número de denuncias falsas.
La afirmación de que se está utilizando la denuncia por violencia de género en los procesos de divorcio ni es cierto, ni se fundamenta en que haya ventaja jurídica alguna. En general, los procedimientos para regular las relaciones familiares se llevan a efecto de mutuo acuerdo entre las partes porque es lo más ágil y económico, y lo menos gravoso emocionalmente para las personas implicadas.
Pero además, no hay ninguna disposición que aplique ventajas, ni procesales ni sustantivas, a un divorcio en el caso de violencia de género. Ni siquiera en relación con las hijas e hijos. Es más, en pocas ocasiones, una denuncia por violencia de género suspende en la práctica las visitas a hijos e hijas de los padres inculpados.
Sin embargo, ha habido ―y hay― por parte de algunos sectores, una insistencia manifiesta en propagar la idea de que las mujeres denuncian falsamente por violencia de género.
“Se somete constantemente a la Ley Integral de Medidas de protección contra la violencia de género a la crítica severa de que se utiliza para resolver cuestiones matrimoniales propias del derecho de familia, como si lo general fuera realizar acusaciones y denuncias falsas, lo que de forma tajante se puede afirmar que no es cierto, aunque aparezcan casos aislados como en cualquier otra actividad delictiva, casos que con más empeño habrá que dilucidar por el daño que se hace a las mujeres sometidas a malos tratos físicos o psicológicos que se ven subordinadas a una duda irracional e injusta.”
Estereotipo 7: Se produce un síndrome de alienación parental.
La aplicación del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP en sus siglas en castellano), término acuñado en 1985 por el estadounidense Richard Gardner según el cual un progenitor ―generalmente la madre― aliena al hijo o la hija contra el padre en los contextos de guarda y custodia, supone someter a los y las menores y a las mujeres víctimas de violencia de género a un doble proceso de victimización, originándoles graves situaciones de desprotección e indefensión ante la problemática de este tipo de violencia.
En este sentido, debe señalarse que la validez de esta supuesta interferencia parental ha sido cuestionada y rechazada por diferentes instituciones y organizaciones:
• Se ha mostrado el continuo rechazo a ser admitida por los dos grandes sistemas de clasificación de desórdenes médicos y psicológicos aceptados por la comunidad científica y por los organismos internacionales oficiales: los Criterios de Clasificación Internacional de las Enfermedades o CIE-10, y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o DSM IV-TR. El SAP no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica y ha sido rechazada su inclusión en los manuales psicológicos de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Organización Mundial de la Salud.
• Los estudios realizados desde el ámbito de la psicología, la medicina o el derecho, entre otros el de las autoras Sonia Vaccaro y Consuelo Barea (2009), lo consideran un constructo pseudo-científico que, utilizado en la justicia en las causas de divorcio en las que se disputa la custodia de hijos e hijas, genera situaciones de alto riesgo en los derechos de las y los menores y de sus madres, y puede invisibilizar el incesto y la violencia de género preexistentes.
• □ La “Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género” del Consejo General del Poder Judicial del año 2008, señala que aceptar “los planteamientos de las teorías de Gardner ―que incluso excluía la aplicación de su teoría en los casos en que se evidenciaba una situación de violencia, abuso o negligencia― en los procedimientos de guarda y custodia de menores supone someter a éstos a una terapia coactiva y una vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que precisamente tienen como función protegerles”.
• El Congreso de los Diputados, a través del “Informe de la Subcomisión para el estudio y funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género”, aprobado por la Comisión de Igualdad en su sesión de 17 de noviembre de 2009, recomienda “la no aceptación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia, de los organismos públicos ni de los puntos de encuentro”.
• La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha manifestado, mediante una declaración firmada con fecha de 25 de marzo de 2010, que el uso clínico y legal del llamado SAP no tiene ningún fundamento científico y que su aplicación en la corte judicial entraña graves riesgos.
• El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer aprobó, en su reunión de 13 de julio de 2010, el “Informe relativo al supuesto SAP”, en el que se da muestra de los riesgos que se derivan de la aplicación de las medidas de este pretendido Síndrome.
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